Históricamente, la determinación de las tendencias políticas y la tensión entre las ideas en este campo se dio sobre la base de la discusión de la mayor o menor intervención del Estado, del poder público en la regulación de la actividad privada.

El tiempo y la experiencia determinaron que los dos extremos -regulación completa rígida y libertad absoluta de regulación- no funcionan y tienen más desventajas que beneficios; llegándose hoy a que lo necesario y útil es tener una regulación estatal que garantice a la inversión privada condiciones de acción y sobre todo retorno a niveles aceptables para justificarla.

Paraguay tuvo y tiene como uno de sus principales ganchos para la inversión extranjera a la abundancia de energía eléctrica, limpia, de fuentes renovables y a precios competitivos; pero hoy se encuentra ante la realidad de que más temprano que tarde -a corto/mediano plazo- llegará al tope de consumo de lo que se genera y comenzará a haber necesidad de racionalización e imposibilidad de crecimiento.

Al tiempo de ser un componente promocionado, es un diferencial específico fundamental la energía eléctrica y ya el Estado, desde su estructura no puede garantizar un crecimiento de la generación acorde a las necesidades que se proyectan y que se vienen, luego está necesitando del aporte privado, de capital, de tecnología, de inversión y de desarrollo en generación eléctrica.

Pero para que esa inversión y esa inserción del capital, la inversión y la tecnología privadas se den, debe la empresa que viene tener asegurada su tasa de retorno y ello tiene que ver con la existencia de mercados.

El mercado existe y va a crecer en Paraguay, la demanda será creciente y va a estar presente como incentivo, más el modelo actual de un comprador único – el ente estatal, ANDE – que dirige y maneja todo el mercado no llega a ser garantía, porque este único jugador controla las líneas de transmisión y la llegada a la demanda (distribución y comercialización) y decide cuándo, cómo y a cuánto comprar.

Es este el escenario en que surge la necesidad de un articulador de la política energética y la de un regulador del mercado; cuestiones estas que se quieren completar ahora con los proyectos de Ministerio de Minas y Energía y creación del Ente Regulador del Sector Eléctrico.

Debemos tener regulación estatal en la determinación de la política de expansión, en la generación, transmisión, distribución y comercialización, y ellas deben ser llevadas adelante por órganos que garanticen a todos los jugadores del mercado un bienestar de negocios que fomente la capacidad de hacer y de crecer al ritmo de las necesidades de los privados, desde los domicialiarios pequeños hasta el más grande a nivel industrial y productivo.

Mucha tela queda por cortar y mucho más iremos hablando del tema.